Banda ancha fija

De acuerdo con la legislación española, los servicios de telecomunicaciones se prestan en régimen de libre competencia por los operadores privados; por tanto, su actuación viene determinada por sus propios intereses de negocio y por la rentabilidad de las inversiones que llevan a cabo.

Castilla y León se caracteriza por tener núcleos de población pequeños y dispersos, lo que impacta negativamente en las estrategias de despliegue de los operadores.

Aunque se trata de un sector liberalizado, está sometido a una estricta regulación de competencia y de telecomunicaciones y es supervisado por la Comisión Europea. Esta regulación condiciona las medidas que las Administraciones Públicas pueden desarrollar para corregir el fallo de mercado que se produce en aquellas zonas a las que no van los operadores.

Hasta el año 2019, la Junta de Castilla y León convocó ayudas complementarias a las que realizaba el Estado, ajustándose al procedimiento consensuado con la Comisión Europea para conceder ayudas de estado a los operadores para la extensión de banda ancha. Posteriormente el Gobierno de España, a través de los planes UNICO que convoca cada año, fija una serie de ayudas provincializadas con financiación, en su mayoría, procedente de fondos europeos.